El rostro de la vulnerabilidad

El calor extremo, con subsecuentes incendios forestales, ya no es una amenaza futura: es una realidad cotidiana que afecta de forma desigual. Las personas mayores, con discapacidad o en situación de vulnerabilidad enfrentan riesgos graves en viviendas mal aisladas, sin recursos para climatización ni redes de apoyo. Chile es hoy un país altamente expuesto a esta nueva pandemia, con una población que envejece aceleradamente: un 19,7% de sus habitantes tiene 60 años o más. Sin embargo, aún no existe una estrategia sólida para proteger a este segmento durante emergencias.

Las debilidades son evidentes:

• No hay datos desagregados sobre cuántos adultos mayores o personas con discapacidad resultan afectados en incendios y desastres.
• Los planes comunales de emergencia en general carecen de protocolos específicos de evacuación inclusiva.
• Los refugios temporales no cumplen estándares de accesibilidad universal.
• Las alertas se difunden en formatos poco accesibles, lo que excluye a quienes tienen limitaciones sensoriales o cognitivas.
• La continuidad de cuidados médicos y apoyos técnicos suele interrumpirse, con consecuencias graves para la vida y la funcionalidad.

Lo que enseña España

España ha experimentado un aprendizaje doloroso.  Sus últimos incendios han puesto en marcha protocolos más integrados: planes de evacuación obligatoria, cooperación europea (rescEU), comunicación multicanal y la Estrategia sobre Discapacidad 2022–2030, que incorpora refugios accesibles y transporte adaptado. Aunque aún falta consolidar un sistema de datos desagregados, la inclusión se ha instalado como principio rector en la protección civil.

Las tareas para Chile

El desafío chileno es claro: pasar de una lógica reactiva a una política pública de largo plazo, con visión de 20 a 30 años. Algunas acciones esenciales son:

1. Crear un sistema nacional de datos desagregados sobre víctimas y personas afectadas, considerando edad, discapacidad y dependencia.

• Implementar un mapeo territorial de vulnerabilidades, que identifique hogares de mayores solos y personas con altos requerimientos de cuidado.

• Establecer protocolos inclusivos de evacuación, con rutas seguras y transporte adaptado.

• Construir refugios accesibles y dignos, que aseguren descanso, medicamentos y apoyo psicosocial.

• Garantizar comunicación multicanal y accesible, que llegue a todos los segmentos de la población.

• Asegurar la continuidad de cuidados médicos y sociales, con redes de apoyo móvil en emergencias.

2. Fortalecer la cooperación qinternacional, aprovechando experiencias como las de España, Finlandia y Japón.

Una decisión impostergable

Los incendios de gran magnitud no son una excepción, sino una tendencia que se intensificará con el cambio climático. En este escenario, Chile debe asumir el envejecimiento y la discapacidad como dimensiones centrales de la gestión de riesgos.

No se trata de un gesto asistencial, sino de una decisión política y estratégica: salvar vidas, proteger derechos y fortalecer la resiliencia del país. Incluir a los adultos mayores y a las personas con discapacidad en la planificación de emergencias es reconocerlos como ciudadanos plenos, parte esencial del tejido social.

Chile tiene la oportunidad de dar un salto cualitativo y transformarse en referente regional en políticas inclusivas de emergencias. Para lograrlo se requiere decisión política al más alto nivel, coordinación interinstitucional efectiva y una narrativa renovada que ponga la dignidad humana en el centro. El envejecimiento y la diversidad funcional no son una carga, sino una oportunidad estratégica para cimentar un país más justo, solidario y resiliente, capaz de anticipar riesgos y liderar con ejemplo en un mundo marcado por el cambio climático y la fragilidad demográfica.

Por José Luis Balmaceda, Presidente Fundación Sinergia Humanitaria.